Ministerio de Justicia y Reforma

Marisa Bonardi, ministra de Justicia y Reforma comparece para valorar las declaraciones del magistrado de la audiencia nacional, Baltasar Garzón.

Buenas tardes, gracias por su presencia.

Desde el gobierno español queremos mostrar nuestra más absoluta sorpresa ante la actitud mostrada por el magistrado e la audiencia nacional, el señor Garzón ante los diversos procesos judiciales que mantiene abiertos, particularmente el proceso relacionado con su pretensión de juzgar supuestos delitos del franquismo.

Como muy bien debe conocer el magistrado el sistema judicial español tiene plenas garantías y como tal no precisa de la presencia de magistrados exteriores amigos precisamente del acusado.

Nos causa asombro el concepto que tiene de la propia justicia española uno de los jueces más relevantes de la propia institución judicial.

Queremos transmitir al mundo un mensaje de tranquilidad, de defensa serena de la legalidad y manifestar nuestro férreo compromiso para con el ciudadano Garzón, para que tenga todas las garantías judiciales que establece nuestro sistema y goce de todos los derechos que tiene cualquier acusado en nuestro país.

Sin embargo si queremos salir al paso de diversas informaciones y tergiversaciones que han salido a la luz de la mano de manifiestos de la extrema izquierda nostálgica del tiempo del muro de Berlín.

El señor Garzón no está procesado por investigar unos supuestos crímenes del gobierno del general Franco, sino acusado de prevaricación por ignorar la legislación española en sus supuestos procesos.

Igualmente quiero trasladar a la opinión pública internacional otras causas que arrastra este magistrado; tiene abierto otro proceso por el supuesto cobro de una fuerte cantidad de dinero, que parece ser que olvido declarar, por una entidad bancaria a través de unas conferencias. La casualidad quiso que esa misma entidad bancaria tuviese que ser procesada poco después por este magistrado y sin que él se abstuviese por este pequeño vinculo económico dictando una sentencia absolutoria.

De la misma forma en un proceso contra la corrupción de un partido político, el PP, ha utilizado unas técnicas de investigación que están en cuestión y que desde nuestro ministerio vamos a trabajar junto con la fiscalía general del estado para denunciarlas al entenderlas ilegales. Esta técnica es un caso extremo utilizado unicamente en delitos de terrorismo cuando se sospecha que el abogado actua como cómplice de delitos además de como abogado, la técnica en concreto consiste en la grabación de las conversaciones entre clientes y abogados.

Queremos recordar también a la opinión pública internacional que el señor Garzón tras investigar varios casos de corrupción en el PSOE accedió a ir como número dos de las listas socialistas en las elecciones del 93. Al no recibir un cargo a la altura de sus espectativas abandonó la carrera política, volvió a la judicial remprendiendo la investigación sobre la corrupción del PSOE. Hecho este que no le impidió posteriormente sentirse contaminado en sus investigaciones al PP, coincidentes las mismas con cacerías en las que asistía de nuevo "invitado" en compañía del ministro de justicia y otros cargos relacionados en la investigación en plena fase previa de la operación Gurtel. Operación que por cierto fue filtrada practicamente íntegra al diario español que hoy más le defiende; El País.

Su relación con el citado grupo PRISA viene de antes, cuando se investigaba a su fundador el señor Polanco, Garzón en colaboración con el sistema logró expulsar de la carrera judicial al juez encargado del asunto. Gomez de Liaño.

Por tanto y en vista de los precedentes queremos desde el gobierno de España transmitir a la opinión pública internacional la certidumbre de que no se trata de un proceso político, sino judicial. Un proceso que se comenzó con el gobierno nada sospechoso de fascista del señor Zapatero y que este gobierno es totalmente ajeno al proceso y actua en el mismo como e cualquier otro procedimiento judicial.

De forma análoga queremos informar a la opinión pública que hemos coordinado con la fiscalía general del estado un procedimiento de rigor apostando por el examen concienzudo de las pruebas presentadas en este caso para emitir un veredicto sobre la conveniencia o no de una suspensión cautelar del magistrado.

Sin ningún particular más sobre el asunto, quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias.