01/2010 PL de inversión estatal (Gobierno)

Iria Ullola, Presidenta del Congreso

Abrimos la sesión del Congreso de los Diputados con el siguiente proyecto de ley por parte del Gobierno Central.

Citación :

PROYECTO DE LEY DE INVERSIÓN ESTATAL EN GRANDES EMPRESAS Y BANCA



P R E A M B U L O

Tras la gran crisis financiera internacional se ha puesto de manifiesto la debilidad de la empresa privada; los altos riesgos que el gran capital está dispuesto a correr en busca del más elevado beneficio, sin contar con el riesgo social que pueden suponer estas apuestas. Por ello los estados se han convertido en rehenes de este capital internacional, que no comparte beneficios pero exige socializar las deudas. La amenaza de una crisis global y el daño que las grandes empresas pueden crear a las economias nacionales han llevado al gran capital a jugar al riesgo con red debajo, sin arriesgar realmente y contando con el confortable colchón del estado en caso de que su compañía se derrumbe.

El escándalo de estas actuaciones ha sido mayusculo, pero el margen de maniobra de muchos estados estrecho. Ante la alternativa de permitir al capital cosechar los frutos de su inversión y hundir con ello al estado, o de salvar al estado y con ello al capital, los diferentes gobiernos no han tenido alternativa.

Es por ello que este gobierno propone legislar entorno a un nuevo modelo de intervención pública en las grandes empresas privadas que pongan en riesgo la viavilidad del estado y/o la paz social y la estabilidad financiera.

Siguiendo el saber popular que nos indica con meridiana claridad que "si me mientes una vez la culpa es tuya, pero si me dejo engañar una segunda vez la culpa es mía" este gobierno se propone articular las medidas de defensa necesaria del estado ante una eventual recaida de la crisis financiera internacional en el presente o en el futuro o para la quiebra de alguna gran entidad que se haya mantenido a flote hasta la fecha de manera artificial.

Por ello, en defensa de la inmensa mayoria de los ciudadanos, de los intereses nacionales y de las pequeñas y medianas empresas proponemos la siguiente normativa:

Capítulo I De las grandes empresas y de los bancos

1.-Se considera por esta ley empresas grandes a:
-Aquellas con una plantilla superior a los 3 mil trabajadores.
-Aquellas con un facturación anual superior a los 500 millones de euros.
-Aquellas filiales de empresas mayores que cumplan los dos requisitos anteriores.
-Aquellas que tengan su central fuera de territorio nacional.
-Aquellas cuyos socios mayoritarios tengan intereses económicos en más de tres países.
-Aquellas dedicadas a la realización de servicios estratégicos para el estado.
-Aquellas dedicadas a los servicios sociales básicos.

2.-Entrarán en el concepto de gran empresa todo tipo de banca

Capítulo II de la intervención pública en las grandes empresas:

3.-Queda prohibida toda subvención pública a las grandes empresas por cualquier administración.

4.-La inversión pública en dichas entidades se realizará a través de la compra de acciones de las mismas como inversión de capital.

5.-Desde la primera acción el estado tendrá derecho a un representante en los consejos directivos de esas sociedades.

6.-El resto de representantes de dichos órganos se elegirán por los cauces normales de designación.

7.-La inversión pública en estas entidades puede ser ordinaria o extraordinaria. Se entiende por inversión ordinaria la realizada a través de la bolsa o de la compra/venta de acciones en periodos de estabilidad. Se entiende por extraordinaria la adquisición de títulos en momentos de crisis de la empresa.

Capitulo III de la Coorporación Española de Sociedades y Empresas Públicas.

8.-Todas las empresas públicas y las semipúblicas con mayoria pasarán a formar parte de esta coorporación.

9.-Cada empresa será independiente en su funcionamiento, con sus propios órganos de gobierno.

10.-Todas las sociedades de la CESEP deberán mantener una contabilidad positiva, aquellas que en el ejercicio de su actividad resulten deficitarias serán controladas por la CESEP que tendrá que presentar un plan de salvación.

11.-Si este plan no resultase viable y dicha empresa se mantuviese en pérdidas el gobierno podría dar un plazo extraordinario de dos años antes de cerrarla si no se lograse enderezar la situación.

12.-El balance positivo de todas las empresas públicas despues de las provisiones necesarias se incorporará a los PGE.

13.-En el caso de las empresas semipúblicas se dividirá proporcionalmente entre los accionistas.

14.-Toda empresa del CESEP deberá reunir tres condiciones indispensables:
-Generar empleo de calidad.
-Ser competitiva.
-Tener un balance económico positivo.

15.-Salvo el estado, ninguna otra administración podrá realizar inversión ordinaria o extraordinaria en empresas grandes teniendo deuda pública.


Capítulo IV de la intervención pública en situaciones extraordinarias

16.-Ante la situación de crisis en una empresa grande, el CESEP en colaboración con el gobierno estudiará como intervenir en dicha empresa.

17.-Tras el análisis pertinente, el gobierno informará en comisión secreta al congreso del plan adoptado con carácter de urgencia.

18.-El CESEP impondrá a la empresa grande un consejo de salvación y una serie de medidas de obligado cumplimiento.

19.-Una vez estabilizada la situación si el gobierno ha tenido que invertir canjeará lo invertido por acciones tomando como precio de la acción el fijado por los valores de la empresa el día de su intervención. Igualmente se disolverá el consejo de salvación volviendo la dirección de la empresa a sus cauces normales.

20.-En el supuesto de que una empresa solicitase la ayuda del CESEP antes de ser su situación insostenible se generarán los mismos mecanismos, pero el precio de la acción será una media del máximo anual con el del momento de la intervención.

Capítulo V De las responsabilidades en la gestión y las consecuencias de la mala gestión.

21.-Al margen de otras responsabilidades penales vigentes los órganos directivos de las empresas grandes podrán ser multados hasta con el 25% de la pérdidas de sus empresas por el CESEP en casos de quiebra.

22.-En cualquier caso que el implicado haya cometido delito en la gestión de la empresa, responderá de las responsabilidades económicas de sus actos de forma ilimitada con todo su patrimonio, incluidos fondos de pensiones.

23.-El CESEP podrá también inhabilitar a estos gestores para el ejercicio de sus funciones con penas de hasta 25 años.

Capítulo VI De la financiación del CESEP

24.-Los Presupuestos Generales del Estado fijaran una partida presupuestaria destinada a la inversión Estatal.

25.- 1.El Ministerio de Economía y Hacienda podrá destinar partidas extraordinarias, previo acuerdo del Consejo de Ministros, en caso de necesidad.

26.- La inversión estatal en una única empresa requerirá unicamente norma ministerial cuando no supere los 20 millones de euros, y de Real Decreto si supera la anterior cifra.


Disposición primera
El gobierno realizará el reglamento de funcionamiento y gestión de la CESEP

Disposición segunda
Aprobada esta ley el Ministerio de Economía y Hacienda arreglará los presupuestos para la puesta en marcha de la ley

Disposición tercera
Una ley posterior desarrollará la regulación de la banca con capital estatal, hasta ese momento desempeñará esta función dicha ley y la CESEP.

Disposición final
Será publicada esta ley en el Boletín Oficial del Estado

El portavoz del Ministerio de Economía tiene la palabra para la defensa de la ley. Cuenta con 48 horas.

Norberto Díaz de Noguera

Señora presidenta, señores diputados:

Es para mi un honor que el primer proyecto de este gobierno haya sido precisamente uno en materia económica, por desgracia, la más acuciante de las necesidades del estado.

Apenas unos días después de asumir el poder el gobierno presenta su primera iniciativa legislativa y no es esta una iniciativa cualquiera, es una iniciativa esencial para dotar al estado de las herramientas precisas para enfrentar a la crisis desde una posición de libertad, sin estar cohartada por la amenaza de ayuda o muerte.

Señores, cuando anteriores gobiernos vinieron a esta sala a pedir dinero nadie pensó en la posibilidad de que el dinero del estado no puede regalarse. Hemos vivido durante toda la demcracia en la ingenua idea que verbalizo una ministra socialista de que el dinero público no es de nadie, sin embargo el dinero público es de todos y así lo entiende este gobierno.

En el marco de la urgente regeneración económica este gobierno entiende la necesidad ineludible del gobierno para actuar ante la quiebra de grandes sociedades que afectan a la economía y a la sociedad. No podemos permanecer impasibles mientras las grandes estructuras se derrumban, hasta ahí todos estaremos de acuerdo salvo algún anarco-capitalista. El problema se plantea en que hacer para evitar el derrumbe de estas macroestructuras. La respuesta hasta ahora ha sido el de regalar dinero, tanto a través de subvenciones en tiempo ordinario, como de inyección de liquidez o regalo directo en época de crisis.

Sin embargo la sociedad puede apreciar con cierto escándalo la dualidad entre los periodos de bonanza de estas macroestructuras, en los que sus ejecutivos y dueños reciben pingües beneficios, sin aportar nada a la sociedad y los periodos de crisis en los que estos beneficios simplemente menguan, nunca hasta el punto de dejar desamparados a los dueños, cuando el estado (es decir todos los contribuyentes) tenemos que poner nuestro dinero para salvar sus errores.

No es justo, no es moral, no es asumible.

Pues nadie mueve un dedo para salvar a una familia humilde y honrada de la bancarrota, que perderá su hogar y sin embargo todos nos movilizamos para salvar una gran empresa que ha hecho ricos a dueños y gestores de forma desinteresada.

Esto que dicho así, con la frialdad de esta cámara es estremecedor, no es fruto de la malicia de la clase política, ni de la ingenuidad de la sociedad; sino del chantaje de estas elites económicas al conjunto de la sociedad.

Ante la amenaza de arruinar con ellos a una parte del estado significativa no había alternativa, por ello este gobierno quiere contar desde el primer momento con una medida de salvación que le permita utilizar el dinero de los contribuyentes de una forma inteligente, sin eludir sus responsabilidades, pero sin pagar las responsabilidades ajenas. El estado no será nunca más el colchón de salvación tiburones de las altas finanzas.

El estado salvará a la economía de cualquier gran golpe que pudiese recibir, pero no lo hará de forma gratuita, ni desinteresada. Lo hará y cobrará por sus servicios y hará responder de sus errores a los culpables.

Muchas gracias señorías y espero que puedan mejorar este texto marco que nos servirá de guía para una nueva política económica.

ALEXANDRE DE LA CIERVA, PORTAVOZ DE DEMOCRACIA NACIONAL

Señora presidenta, señor ministro, señorias

Subo a esta tribuna por primera vez, con poco más que decir que lo dicho por el señor ministro, por lo que seré breve.

Esta medida, esta ley que se nos presenta aquí, es a juicio de Democracia Nacional totalmente necesaria para el mantenimiento, no ya de los puestos de trabajos de millones de españoles, sino del propio sistema del bienestar, y de nuestra economía en general hoy y en nuestro futuro.

Vivimos en un sistema capitalista, el único eficaz en un mundo y sociedad cambiante. La competencia es totalmente necesaria para el desarrollo humano en todas las facetas, y especialmente en la tecnología.

Sin embargo, el capitalismo puro murió hace mucho tiempo, y aquellos que tanto defienden el capitalismo no han dudado en acudir al Estado en los malos tiempos, tal y como apuntaba el ministro, para que por medio de subvenciones y ayudas se salvaran sus empresas, y con ello los puestos de trabajo. Evidentemente esta práctica distorsiona el capitalismo en su concepto de nacimiento.

Por ello, esta ley en ningún momento está atentando contra el sistema capitalista, y tan solo viene a reflejar la realidad en la que vivimos: el Estado es necesario para sostener empresas en época de crisis. Esta ley tan solo viene a modificar estas ayudas y subvenciones, convirtiéndolas en capital del Estado invertido en empresas privadas, que permitirán al Estado el tener cuantiosos ingresos, los cuales repercutirán sobre la sociedad.

Democracia Nacional que con esta ley todos saldremos ganando, todos los españoles podrán ver las ventajas de esta ley, desde los trabajadores de las grandes empresas que verán su trabajo garantizado por el Estado, y las grandes empresas podrán seguir superviviendo en tiempos de crisis teniendo como socios al propio Estado. Y como no, éste podrá controlar las futuras crisis de una forma contundente.

Por tanto, Democracia Nacional apoyará a proyecto del gobierno, aunque espera que en el futuro un nuevo proyecto regule ayudas directas a pequeñas y medianas empresas.

Muchas gracias

Interviene Artur Casado, diputado de CiU.

Buenas tardes;

Consideramos desde nuestra posición esta ley como errónea. No creemos que el tejido industrial y económico se sienta conforme con esta medida que propone el nuevo gobierno. Ya que desde nuestro punto de vista es una forma soterrada de poder acabar controlando el estado, las empresas que hasta la fecha han sido las que han creado la riqueza estatal.

Ustedes proponen que el estado pueda hacerse con la gran mayoría de las empresas líderes en los sectores industriales, mientras esperan que estas permanezcan impasibles ante su entrada en accionariados o en consejos de dirección.
Si bien, todos estamos de acuerdo en que el modelo productivo debe ser mejorado en el conjunto del estado español. Esta no es una medida que pueda incentivar ese cambio. Ya que con esta medida lo único que crearan será un recelo entre el empresariado hacia nuestro sistema financiero y una fuga de los mismos hacia otros estados.

Por ello, instamos al gobierno a que reconsidere su posición valorando los enormes riesgos que entraña este plan y que de verdad, nos centremos en cambiar el modelo productivo, en salir de la crisis, pero desde la base de la sociedad. Incentivando el trabajo de las PYMES de los autónomos, entre otros aspectos.

Muchas gracias!

Norberto Diaz de Noguera

Desde el gobierno queremos agradecer el entusiasta apoyo del gp nacional.

Señor Casado. Esta medida en modo alguno se dirige contra empresa alguna, mucho menos contra las PYMES que configuran más de las 3/4 partes de las empresas españolas.

Le reto a que me señale un solo punto de esta ley donde el estado vaya a entrar en cualquier empresa a la fuerza y de forma contraria a derecho y al mercado. Le reto, porque no encontrará tal punto en la legislación.

Esta no es una ley que pretenda agredir a ninguna empresa, es una ley que pretende defender al estado, a los ciudadanos.

El estado no tiene porque hacerse cargo de las empresas, es más seria deseable que el estado no se hiciera cargo de estas grandes empresas. Esta ley está diseñada para prevenir el derrumbe de estas grandes empresas, situación señor Casado que no es una hipotesis, sino una realidad que hemos padecido en estos meses precedentes.

El estado no puede verse inerme ante la caída de los colosos de su economía por los errores de sus gestores; el conjunto de la sociedad no puede verse forzado a salvar los errores de estos grandes empresarios de forma gratuita y desinteresada por estar la sociedad española como rehen de la empresa.

En adelante aquellas empresas mal gestionadas serán ayudadas por el gobierno en defensa del interés general, pero esta ayuda tendrá un precio y unas consecuencias que son públicas y estipuladas por esta legislación.

Si esta ley de defensa de los intereses de los ciudadanos supone la fuga de capitales, le dire que no puede ser por otro motivo que por los intereses espureos de dichos capitales, puesto que en esta ley, no se prevee robar, ni se resta seguridad jurídica a las empresas, ni a sus dueños, ni se les pone trabas en sus inversiones, ni en sus beneficios, solo se fijan las consecuencias que tendrán para aquellas compañías mal gestionadas la necesidad de una intervención estatal, que repetimos deseamos que no sea necesaria.

Esta ley si bien puede generar malestar entre un reducido grupo de gestores acostumbrados a la impunidad, no puede ser interpretada como agresión a la propiedad privada (sino muy al contrario como defensa de la misma a través del dinero de los contribuyentes), no puede ser entendida como una intromisión del estado en la economía pues es fruto de la necesidad de la economía de la intervención estatal. Y tampoco puede decir que genere incertidumbre, ni inseguridad. Es una ley que se consagra a la defensa de los intereses de los contribuyentes, sin establecer inseguridad, ni culpables genéricos; sino estableciendo procedimientos claros ante situaciones insostenibles.

No entendemos el temor del responsable de CIU ante esta medida.

Si le doy la razón en que esta no es una medida que por si misma reactive la economía, pero si que restablezca la confianza del pequeño ahorrador y del contribuyente en la estabilidad del estado y su fortaleza. Incluso debe generar confianza en las grandes empresas que deben estar seguras de la ayuda estatal ante una crisis, pues el estado dejaría de ser su inquisidor, para convertirse en su socio y me pregunto ¿que puede dar más confianza a cualquier empresario que ser socio del gobierno?

Lejos de los vaticinios catástrofistas de CIU consideramos que esta ley articula un marco regulador estable y claro, que anima a los pequeños ahorradores, garantiza la seguridad a los contribuyentes y genera confianza y respeto en el capital.

Por lo demás podemos asegurar que esta propuesta es la red de seguridad sobre la que se construirá la política económica del nuevo gobierno y es la primera medida, pero ni mucho menos la única.

Muchas gracias.

Señora Presidenta, señorías

Me alegra enormemente ver que la primera ley que debatiremos en esta legislatura trata el tema económico, que como ya mencioné en mi intervención durante la investidura del Presidente Buenaplata, debe ser nuestra principal preocupación.


Son muchas las carencias de la ley en su texto. Empezando por la falta de corrección ortográfica. Sus señorías comprenderán que emplace al gobierno a revisar la gramaticalidad del texto y no asuma el papel del profesor de primaria.

Entrando en los contenidos concretos, tenemos que decir que el preámbulo es de una gran falacia, de un simplismo aberrante en el mejor de los casos. Bien es cierto que un preámbulo, además de ser una exposición de motivos sobre la redacción de la ley, permite a veces exponer ciertos puntos de vista políticos que no tendrían cabida en el articulado, pero hacerlo de una manera tan descaradamente sectaria y sesgada, amén de incurrir en afirmaciones cuando menos de dudosa veracidad, es algo que no se puede permitir. Animo por ello a las demás formaciones políticas a que juntos consensuemos un nuevo preámbulo que no provoque vergüenza ajena a las generaciones futuras.

Hay en definitiva muchos puntos de esta propuesta que me parecen no sólo incorrectos, sino aberrantes, amén de algunas inconcreciones que no se pueden permitir en el articulado de una ley. Esta ley no me gusta, porque hiere de gravedad, sino mata, la iniciativa privada, motor de toda economía que se precie. Pero las circunstancias políticas son las que son, y el Partido Popular cuenta con un sólo escaño en esta cámara. Desde el gobierno ya se nos ha ninguneado en la comisión educativa antes de permitirnos si quiera exponer nuestras ideas, nos tememos que suceda lo mismo ahora. Así las cosas, no estamos en disposición de rechazar de entrada esta ley ni de presentar una enmienda a la totalidad. Tampoco rechazamos completamente la posibilidad de presentarla en función de lo que digan el resto de formaciones parlamentarias. Así mismo, es muy probable que nuestro voto final sea negativo.

Por el momento, presentamos algunas enmiendas parciales que esperamos puedan suscitar el apoyo mayoritario de la cámara, con el fin de mejorarla para que, en caso de salir aprobada, no sea tan dañina como lo sería con el articulado actual.

Primeramente, el artículo 1 menciona a empresas "cuyos socios mayoritarios tengan intereses económicos en más de tres países" ¿Qué se entiende exactamente por intereses económicos en otros países? ¿sucursales? ¿filiales? ¿empresas asociadas? ¿clientes a los que se exporta? ¿un chalé en que pasar las vacaciones? Así mismo habla de "servicios estratégicos para el estado" y de "servicios sociales básicos" ¿Quién decide que servicios no son estratégicos? ¿qué servicios sociales no son básicos y por tanto "prescindibles"? Ruego al gobierno que aclare esos puntos a fin de que este artículo se pueda enmendar para que sea lo más concreto, y por tanto útil, posible.

A continuación, el artículo 5 da derecho al estado a entrar en todos los consejos directivos de las empresas en que participe. Perdónenme la expresión, pero eso es una cagarruta mental. ¿qué impediría, por tanto, al estado comprar una única acción de todas y cada una de las empresas españolas consiguiendo con ello un poder de influencia abismal sobre ellas? Quieren ustedes llevarnos hacia una economía totalmente intervenida y bajo estricto del estado y no se esfuerzan lo más mínimo en ocultarlo. Puedo llegar a aceptar que el estado invierta en nuestras empresas, pero si lo hace, al menos que tenga la decencia de hacerlo en igualdad de condiciones que todos los demás inversores, y por tanto que sólo pueda acceder a los consejos de gobierno cuando cumpla exactamente los mismos criterios que deba cumplir cualquiera. Por ello, presento una enmienda a dicho artículo:

Enmienda número 1:
5. El estado tendrá derecho a un representante en los consejos directivos de esas sociedades siempre y cuando cumpla los mismos requisitos requeridos a esos efectos a todo inversor.


Menciona el artículo 10 la obligatoriedad de mantener una contabilidad positiva, cosa que no veo mal, pero con un matiz: en momentos de fuerte inversión a corto o medio plazo es más que probable que una empresa pase lo que desde ese punto de vista sería una mala gestión, cuando no lo es en absoluto. Lo he dicho mil veces y lo repetiré un millón si hace falta: INICIATIVA PRIVADA. Y uno de sus pilares es la inversión. Si no se arriesga no se gana. Alguno de ustedes dirá "tampoco se pierde". Mentira. Si llega (o mejor dicho, cuando llegue) otra crisis mundial como esta da igual que hayas arriesgado o no, porque te vas a hundir de todas formas, sin embargo si has arriesgado anteriormente es muy probable que tus empresas, y por tanto tu economía, estén mucho mejor preparadas para lo que se te viene encima. A veces algo de tiempo es justo lo que necesitas para que la semilla que has plantado germine y crezca, por lo que no es recomendable tirar la maceta con todo dentro sólo porque hayan pasado dos días sin que se vea un tallo verde, por lo que presento 2 nuevas enmiendas:

Enmienda número 2:
10.-Todas las sociedades de la CESEP deberán mantener una contabilidad positiva. Aquellas que en el ejercicio de su actividad resulten deficitarias durante cinco ejercicios consecutivos serán controladas por la CESEP, que tendrá que presentar un plan de salvación.


Enmienda número 3:
11.-Si este plan no resultase viable y dicha empresa se mantuviese en pérdidas el gobierno podría dar un plazo extraordinario de cinco años antes de cerrarla si no se lograse enderezar la situación.


Otro punto oscuro es el artículo 14. En él se habla de "empleo de calidad" y competitividad. ¿Quién decide que empleo es de calidad y cual no? ¿Aprobarán alguna directiva que incluya una fórmula matemática para calcular el porcentaje de competitividad de una empresa y si no supera un 5 sobre 10 le darán un cachete en el culo? Nuevamente pido al gobierno que aclare ese punto. También quiero presentar otra enmienda: Puesto que el artículo 10 ya obliga a una contabilidad positiva, está de más repetirlo.

Enmienda número 4:
Supresión del inciso "-Tener un balance económico positivo." del artículo 14.


Paso a continuación a criticar el artículo 15, que crea de nuevo un doble rasero, marginando y discriminando a las demás administraciones públicas. Simplemente intolerable. Por tanto este artículo es totalmente prescindible. Ya lo dije anteriormente: las mismas normas para todos. Como dice el dicho, y perdón por la expresión, "o follamos todos o la puta al río".

Enmienda número 5:
Supresión del artículo 15


Otra inconcreción se haya en el artículo 16 cuando se menciona una "situación de crisis". ¿Podrían definirla claramente? ¿O alguien del gobierno puede decir que todas las empresas están en crisis y por tanto hacerse con el control de las mismas? Y si se refieren a "una situación en la que no se cumpla lo establecido en el artículo 10" pues modifiquen este artículo para aclararlo.

No se preocupen, no todo serán críticas. Aplaudo que el artículo 17 hable de informar a esta cámara en sesión secreta a fin de evitar un desplome en la bolsa, sin embargo sería de agradecer que no sólo nos informasen, sino que, como depositarios de la voluntad popular, nos dejasen decidir en un tema de tan vital importancia, por lo que ahí va otra enmienda:

Enmienda número 6:
17.- Tras el análisis pertinente, el gobierno informará al congreso del plan adoptado con carácter de urgencia en comisión secreta, que deberá aprobar o rechazar dicho plan así como podrá proponer cambios en el mismo.


Sobre el artículo 19, poco hay que decir, si no se establece claramente en el 16 qué es una situación de crisis, difícil será saber qué es una situación no-de-crisis.

Por donde no puedo pasar es por el capítulo V, con el que parece que han intentado hacer honor al chistecito sobre la sodomización que mucha gente hace al oír ese número. ¿Responsabilidad ilimitada con TODO el patrimonio? ¿Inhabilitación de hasta 25 años? Es decir, ¿una pena privativa de derechos (según lo establecido en el Libro I, Título III, artículo 39 del Código Penal) tan brutal y dictada por un organismo no judicial? ¿Acaso se emborracharon antes de escribir eso? ¿En caso de quiebra de una empresa pública se multará al estado? ¿y esas multas también las impondrá el CESEP? Supongo que comprenderán porqué presento estas enmiendas, que espero poder retirar en el caso de que se modifiquen satisfactoriamente esos artículos.

Enmienda número 7:
Supresión del artículo 21


Enmienda número 8:
Supresión del artículo 22


Enmienda número 9:
Supresión del artículo 23



Me gustaría así mismo añadir un nuevo artículo al capítulo 6.

Enmienda número 10:
27.- Antes de realizar una inversión cuyo resultado implique la obtención, tanto por esa compra como por acumulación a otras anteriores, por parte del estado de más del 50% de las acciones de una empresa, esta deberá ser aprobada en comisión parlamentaria.


Su objetivo es muy simple, ya que las empresas perderán capacidad de decisión al entrar a formar parte del CESEP, al menos que dicha entrada sea controlada por los representantes del pueblo.

Eso es todo por ahora. Muchas gracias.

Intervención de Cayo Lara:
Señora Presidenta del Congreso, señorías, señor presidente del gobierno:

Desde el Grupo Parlamentario Izquierda Unida no vemos con malos ojos este proyecto de Ley que el gobierno nos trae.
Nos congratulamos de ver que no todo serán discusiones en esta legislatura, sino que, a pesar de la enorme distancia ideológica, también podrá haber puntos de encuentro entro el gobierno y el grupo parlamentario que yo represento. Y me alegra aún más, que ese encuentro se produzca precisamente en una ley en materia económica, ya que este es, a día de hoy el problema más grave al que se enfrentan los españoles.

En primer lugar, queremos resaltar una serie de puntos particularmente positivos que esta ley nos trae. El primero de ellos es que parece ser que por fin estamos dispuestos a frenar los pies a aquellos empresarios que, haciendo gala de una tremenda falta de moral, pretenden privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Ya estamos hartos de que el gobierno de España ofrezca dinero a aquellos empresarios que, en muchos casos por su propia codicia o, simplemente, negligencia, han sufrido pérdidas. Si ellos no son capaces de poner a funcionar la empresa con su propio capital y necesitan dinero público, entonces, que compartan también las ganancias. Con esta ley, el Estado deja de regalar dinero a quien ha quedado patente que no sabe utilizarlo y toma por fin parte activa en la salida de la crisis.
Otro punto que particularmente nos gusta de esta ley es que, por fin, el Estado lleva a cabo ese cometido que los defensores del neoliberalismo han adjudicado siempre al libre mercado y que el susodicho libre mercado nunca ha realizado: Premiar al empresario audaz y castigar al empresario negligente, fomentando así aquellos negocios que son buenos para la economía y luchando contra aquellas aventuras económicas que, tarde o temprano, se convierten en un suicidio monetario que acaba repercutiendo negativamente en la economía de todos los españoles. Por eso esperamos que el artículo 21 de esta ley que ustedes nos presentan sea aplicado de forma tajante y sin pudor, siempre y cuando la situación lo requiera.

Quiero acabar esta intervención con una ligera crítica. Desde Izquierda Unida pensamos que el gobierno debe tener entre sus principales prioridades la lucha contra el desempleo y la precariedad laboral. Pensamos, por tanto, que cualquier intervención del Estado en una empresa debe seguir siempre esas premisas y que ello debería estar regulado en esta ley. Es decir, echamos en falta un capitulo adicional en el que el gobierno se comprometa a no realizar Expedientes de Regulación de Empleo (EREs), a fomentar el empleo fijo, a luchar contra la discriminación en el empleo y a llevar una política económica que no se base en recuperar las pérdidas de las empresas a base de reducciones salariales. Menos salarios es menos consumo, y si vamos en la dirección de disminuir el consumo estaremos caminando en la dirección contraria a la salida de la crisis. Por eso, desde mi grupo parlamentario queremos presentar la siguiente enmienda a la ley:

Capítulo VII: De la responsabilidad social del Estado en las empresas intervenidas.

27-En todos aquellos órganos empresariales en los que el Estado esté presente, rechazará siempre con sus votos la realización de expedientes de regulación de empleo.

28-El Estado promoverá de forma activa el empleo fijo frente al empleo temporal en todas las empresas intervenidas.

29-El Estado podrá y deberá hacer controles periódicos en aquellas empresas en las que posea acciones para asegurar que no se da ninguna forma de discriminación.
30-Los consejeros representantes del Estado votarán siempre en contra de cualquier revisión a la baja de los salarios de una plantilla.

Eso es todo. Muchas gracias, señorías.

Norberto Díaz de Noguera

Señor Romero, desde este gobierno no compartimos su visión sobre el preambulo ni sobre los efectos de la presente ley, como ya le dijimos al representante de CiU esta propuesta no busca culpables, ni maniqueísmo; propone soluciones a problemas reales que todos hemos visto y padecido.

Por tanto nuestro grupo no es partidario de una reconsideración del preambulo en general, pero estamos abiertos a escuchar posibles propuestas alternativas.

Esta ley ni criminaliza al empresario, sino que le convierte en posible socio del gobierno; ni ahoga la iniciativa privada, sino que la garantiza por ley. Esta ley no es un procedimiento de intervención estatal en las empresas nacionales, esta ley es una herramienta de control de las empresas mal gestionadas con un carácter importante y que puedan afectar a la sociedad en su mala gestión.

El gobierno no tiene interés ninguno en intervenir empresas, pero tiene la absoluta convicción de que las grandes empresas mal gestionadas que entran en barrena no pueden chantajear a la sociedad para ser salvadas. Y este chantaje no se limita al obrero, sino que es un chantaje global, pues se rescata a esas empresas con dinero de obreros, trabajadores cualificados, investigadores, PYMES y grandes empresas bien gestionadas. Así pues el espíritu de esta ley protege a todo el cuerpo social del estado, que pese a que algunos parecen olvidarlo, está formado por todos y es de todos el dinero público, por lo cual no puede regalarse precisamente a aquellos que realizan mal su trabajo sin ninguna consecuencia.

El gobierno viene a rechazar la primera enmienda del PP. El estado no es un socio más, el estado es un socio que tiene unos intereses por encima del beneficio económico y es por ello que formar parte de forma simbólica de los consejos de administración y dirección a partir de la primera acción(el resto de consejeros serán nombrados de acuerdo a la normativa vigente) otorga al estado una posición desde la que poder estar al corriente de la situación real de las grandes empresas y aportar ayuda desde el comienzo ante cualquier dificultad de la entidad. Su propuesta pretende reducir el papel del estado en la gran empresa al de simple socio, cuando el estado ni es , ni puede ser un simple socio, sino que es además de socio el regulador del mercado y en última instancia el garante del mismo.

De igual forma rechazaremos las enmiendas dos y tres al entender que la inversión se contabiliza contablemente de forma positiva y no como un pasivo. Queremos aprovechar este punto para aclarar que las empresas del CESEP realizarán inversiones en busca de la competitividad y la mejora constante.

El empleo de calidad señor Romero es un empleo estable, con unas condiciones retributibas adaptadas a la realidad económica y con unos derechos laborales elebados, esos serán los conceptos que se maneje en las empresas del CESEP rechazando la explotación y el empleo basura. En cuanto a la competitividad es aquel supuesto en el cual una empresa produce sus productos a un precio inferior o similar al de sus competidores.

Esos son dos puntos esenciales de las empresas del CESEP y no hablamos de reprender a la dirección de cualquier empresa del CESEP si estos puntos no se cumplen, sino seguramente de sustituirla.

Lamentablemente nuestras administraciones autonómicas y locales tienen una fuerte deuda pública, deuda que lastra de forma lamentable nuestra economía y la asfixia, no podemos permitir que esta deuda se incremente en este tipo de actuaciones que el estado central está dispuesto a tomar, así pues parece de sentido común en un proceso de austeridad rechazar la enmienda 5 del PP propia de tiempos pasados.

La crisis empresarial es la situación en la cual una empresa cuestiona su viavilidad. Esto es, no puede subsistir por sus propios medios manteniendo su estructura. Ante esa crisis es la propia empresa quien decide suspender pagos o solicitar a la administracion un ERE.

Respecto a su enmienda número 6 debemos rechazarla pues consideramos que es una labor propia del ejecutivo la toma de estas iniciativas que normalmente tienen un carácter de urgencia y debido a que ya en la actualidad es prerrogativa del gobierno la intervención de una sociedad comprenderá que no podemos renunciar a este principo que dotará la acción de fluidez y eficacia.

Sus enmiendas 7,8 y 9 parten de una premisa falsa y es la de la condena por el CESEP sin respaldo judicial al empresario, cuando en la normativa se explicita de forma evidente que las saciones referidas se sufriran en caso de existir un delito, que como tal lo calificarán los tribunales. Lamento no estar dispuesto a transigir en este punto, pero no pienso dar facilidades a los crimenes financieros.

En cuanto a su enmienda 10 le remito a mi respuesta de su enmienda número 6. Muchas gracias por sus aportaciones.


Señor Lara agradezco su nuevo tono, tan diferente al de otras ocasiones y su actividad constructiva. Su enmienda a nuestro juicio no es posible. Como gestores de una empresa debemos estar abiertos a manejar la situación de la forma más conveniente a la generalidad y esto en ocasiones puede implicar la necesidad de medidas de supresión de puestos de trabajo o congelación de salarios. Por ello no podemos comprometer la sostenibilidad del CESEP por unos principios que pretendiendo salvar algunos puestos de trabajo, pueden terminar con muchos puestos de trabajo.

En cuanto a los otros dos puntos de su enmienda, entendemos que están incluidos en las referencias al trabajo de calidad puesto como objetivo fundacional de las empresas del CESEP.

Muchas gracias.

Iria Ullola

Sr Norberto, le ruego que me exponga el texto definitivo al que se acogue, y posteriormente votaremos aquellas enmiendas que no se han transaccionado.

FDP- No cierres aún que tengo que darle una regañina

Norberto Diaz de Noguera

Señora presidente el texto que por el momento aporta DN es el mismo que el presentado inicialmente.

Beatriz von Humboldt, vicepresidenta del congreso, pasa un papelito a la presidenta, con el siguiente texto:

1. Lease el reglamento
2. Todas las enmiendas deben ser votadas en primer lugar
3. Votadas todas las enmiendas, se añaden al texto las aprobadas.
4. Se vota el texto enmendado

FDP; no cierres el debate hasta mañana que tengo que patalear y lo hare mañana por la tarde!!! ^^

Señor Noguera,

Afirma usted que esta ley no "criminaliza al empresario, sino que le convierte en posible socio del gobierno" y a continuación me dice que el estado no puede ser un simple socio. Me dice que el estado pasa a "formar parte de forma SIMBÓLICA de los consejos de administración y dirección a partir de la primera acción" cuando en realidad pasa a formar parte del consejo con plenos derechos. Pues si realmente pretendiesen con ese injusto artículo únicamente el "estar al corriente de la situación real de las grandes empresas" les bastaría con tener voz pero no voto hasta que su participación en la empresa fuese exactamente la misma que para cualquier empresario que desee trabajar por mejorar este país, que no son pocos.

Dice que no ven ustedes sesgo alguno en el preámbulo, un preámbulo que afirma que la empresa privada es manifiestamente débil, que el gran capital (así, como generalidad) está dispuesto a correr enormes riesgos sólo para enriquecerse, y que mantiene, literalmente, rehenes a los estados. Y no sólo eso, sino que termina el preámbulo afirmando que pretende defender a: los ciudadanos, los intereses nacionales y las pequeñas y medianas empresas. Es decir, ustedes mismos afirman que no piensan defender a las grandes empresas, al mismo tiempo que las acusan de ser débiles, mentirosas y ladronas. Si eso no lo es, miedo me da preguntarle qué entiende usted por criminalizar a los empresarios y qué reconoce usted que es un texto sesgado.

Dice usted que en caso de que las empresas no cumplan una exigencia tan subjetiva como la de generar empleo de calidad y ser competitiva no se limitarán a reprender a la dirección, sino que la substituirán. Vuelvo a preguntárselo: ¿cómo medirán el que se cumpla eso? Sí, habla usted de "condiciones retributivas adaptadas a la realidad económica" que seguro suena muy bien a los habitantes del país de las piruletas pero ¿Cómo valorarán eso en la práctica? y sobre todo ¿quién lo hará y bajo que control?

Niega usted que se vaya a condenar a los empresarios infractores sin tener en cuenta a las instancias judiciales cuando su texto dice EXPLICITAMENTE que será el CESEP quien inhabilite y multe a los infractores. Por cierto, ¿considera usted que la quiebra de una empresa es un delito, legalmente hablando?

Puedo comprender, aunque no compartir, sus reticencias a mi enmienda número 6, pero al rechazar también la número 10 pretenden ustedes tener total impunidad a la hora de invertir incluso cuando dicha inversión obligará a la empresa a entrar a formar parte de una organización que no sólo no sabemos aún muy bien por quién y cómo estará dirigida, sino que lo único que sabemos es que podrá mangonear todo lo que quiera cuando se cumplan ciertos criterios muy poco claros que no se ha molestado en aclarar. Vuelvo a preguntárselo una vez más: ¿qué se considera tener intereses económicos en varios países? ¿qué servicios son estratégicos? ¿qué servicios sociales son básicos? ¿cómo se mide en la práctica la calidad del empleo? ¿cómo se mide en la práctica la competitividad de la empresa? y el más importante de todos ¿quién decidirá si estos puntos se cumplen o no?

El único punto que ha aclarado es mi duda en el artículo 16 sobre cuándo se produce una situación de crisis y sin embargo ¿porqué no incluye el texto esa aclaración? ¿dónde está su enmienda para subsanar del texto dicho error?

"¿Qué puede dar más confianza a cualquier empresario que ser socio del gobierno?" le pregunta usted al Señor Casado. Le haré yo ahora una pregunta. Atendiendo a lo que acabo de exponer, a la multitud de puntos borrosos y poco claros del texto, al poder desproporcionado del que pretenden dotar al CESEP, a la amenaza de modificar las direcciones de las empresas, a los insultos y descalificaciones, le pregunto yo ¿qué puede dar más MIEDO a cualquier empresario que ser socio de este gobierno?

Sobre la enmienda del Señor Lara, el Señor Noguera lo ha expresado bastante bien pero me gustaría hacer un apunte sobre el propuesto artículo 30: Se niegan ustedes a reducir el salario de la plantilla (el de los directivos por supuesto se puede modificar que son todos unos ladrones que arruinan a la nación, ¿no?) Le pregunto, Señor lara, ¿incluso cuando la situación económica es mala? ¿Incluso cuando es MUY mala? Sin embargo, cuando la situación económica es buena seguro que defiende usted la subida de los salarios, cosa que yo mismo también hago. Es usted un hipócrita. Quien desee mejoras salariales cuando las cosas van bien no puede pretender evitar los descensos cuando van mal. No se puede beber sin orinar ni orinar sin beber, no sé si me entienden. Así que, por favor, aunque le cueste mucho, un poquito de coherencia.

Eso es todo, muchas gracias.

Iria Ullola

Señora Beatriz, déjese las notas de amor para otr@s, mi novia gallega se pondrá celosa.

Tienen 24 horas más para debatir y se pasará a la votación de las enmiendas.

Cayo Lara

Sr Robles, obviamente defendemos la subida de los sueldos respecto al IPC y mediante otros convenios laborales en cualquier tiempo y situación económica. Por tanto nos alejamos a la posibilidad de debatir una supuesta reducción de sueldos, ya que no podemos dejar a los ciudadanos desamparados ante situaciones de crisis como la actual. Le recuerdo que son ellos y no las empresas quienes más sufren estas situaciones.

Artur Casado;

Tenia la esperanza de que con el paso del debate el resto de formaciones estatales, con relevancia y moderadas ideas en el Congreso se opusiesen a este intento soterrado de hacer un estado en el que gobierno bajo parámetros inespecíficos (como bien ha detallado el portavoz del PP) se convierta en un elemento que controle (y pueda acabar gestionando) las empresas privadas. Pero viendo la desgana del PSOE y de UPyD entiendo que ustedes sigan con su formulación de una teoría económica e industrial que bordea el comunismo, mientras le dejen. Bien por omisión o por dejadez…

Aunque usted lo niegue, Sr. Noguera la idea del gobierno está explicada de una manera muy clara, ustedes quieren usar unos baremos que se escapan a la formulación matemática o a cualquier definición exacta, para obtener un control de la actividad económica de las principales empresas que trabajan en España. Esto señores no es pecata minuta. Ustedes proponen un paso previo a nacionalizar empresas. Ustedes que tanto desdeñan de Cuba, podemos acabar con una economía controlada por el estado.

De esta manera, nos seguimos oponiendo y pedimos la retirada de este proyecto, porque es nefasto para que las principales iniciativas privadas de fuera de las fronteras del estado español se instalen acá. Y esto, es una consecuencia que no sufrirán ustedes. Ustedes no tienen que ir a fichar a la fábrica. Ustedes pueden vendernos con sus cantos de sirena un mundo multicolor de fantasía, donde el dinero nace de los árboles y el estado lo creará por generación espontanea, pero la realidad es otra. Entiendo que dentro de su campaña de “malos y buenos” los siguientes en ser señalados, son los grandes empresarios, porque es fácil y está de moda. Pero lejos de este discurso populista y sus medidas estéticas, nos están generando hambre para mañana, pero también para hoy.

Este proyecto es un terrible error. Este proyecto no debería salir de esta cámara, porque más allá de las bonitas palabras que lo decoran. De lo bien que se vende esta idea, ustedes nos están hipotecando. Y ojo, no perdamos de vista que el empresariado debe responsabilizarse de sus errores y purgar sus fallos, y todo lo que han provocado. Pero así no.

Simplemente, para terminar la intervención, querría explicar que desde CiU valoramos positivamente las enmiendas del PP, como el mal menor. Mas aún esperamos que el PSOE y UPyD muestren su opción ideológica, ante el gobierno y se responsabilicen de sus votos.

Muchas gracias!

Norberto Diaz de Noguera

Señor Romero

Este nuevo PP se comienza a parecer en cierto sentido a una burda caricatura de un ultraliberal. No es que pretendamos decir a su partido como gestionar las cosas, ni del lado de quien ponerse, pero su demagogia barata y sus argumentos insostenibles no ayudan a dar credibilidad a su posición ultraneoliberal.

Insiste en su crítica a un preambulo que recoje una realidad histórica refrendada no solo por las evidencias, sino por declaraciones de lideres mundiales tan poco sospechosos de intervencionistas como Obama o Sarkozy en davos.

Quizás su señoría preferiría una referencia inicial de defensa a ultranza de la gestión de las grandes empresas y del capital internacional en el marco de la reciente crisis. Pero eso señoría me temo que es fruto de su ligadura, a mi juicio artificial e insostenible, con una de las partes enfrentadas en esta tesitura. Entre los ciudadanos y las grandes empresas, ustedes están del lado de las grandes empresas, su postura me parece equivocada pero legítima. Sin embargo este gobierno se mantiene en una posición equidistante, aquella que garantice el cumplimiento de la legalidad vigente. Ni estamos dispuestos a criminalizar a los empresarios, si bien si vamos a señalar los errores de ese gran capital; ni estamos dispuestos a obviar a los ciudadanos; de hecho vamos a crear las herramientas necesarias para la defensa legal y legitima de su propiedad; en este caso el dinero público.


Entendemos en el marco de lo expuesto anteriormente que la empresa privada ha demostrado ser débil y creo que esta es una afirmación que no necesita ser sostenida, pero lo haré. Ha demostrado ser débil en esta crisis al tener que recurrir al estado, a lo que desde el neoliberalismo se ha venido llamando con desprecio papa estado. El estado ha tenido que intervenir a petición de la empresa privada para salvarla del desastre, esto ha demostrado, no a mi sino al mundo, que la fortaleza de la empresa privada y del mercado libre es relativa. No creo que este punto necesite ser aclarado en este momento cuando hasta los sectores más neoliberales americanos están pidiendo una regulación de determinados sectores en vez de abogar por la desrregularización total en la que estaba cayendo un neo liberalismo casi anarqueizante.

Con esta ley efectivamente se pretende defender los interesés del conjunto de la sociedad, pero sin atentar en ningún momento contra el derecho de las grandes empresas. Esto sería algo tan insostenible argumentalmente como decir que las leyes contra la violación están dirigidas contra los hombres por encaminarse a proteger a las mujeres. Reducción al absurdo.

Señor Romero creo que pese a su admiración por el mundo empresarial, desconoce las cuestiones básicas del mismo, pues como a buen seguro que usted sabrá los consejos de administración suelen ser entes con un número considerable de delegados en el que la presencia de un único representante no puede de ninguna forma en condiciones normales alterar el normal funcionamiento de estos órganos de gobierno empresarial.

Temo que usted no termina de alcanzar a entender conceptos que sin embargo señor Romero están claros para la generalidad, la palabra crisis por ejemplo o el empleo de calidad. No destituiremos consejos de administración de empresas privada, sino de las públicas que no sigan las intrucciones dadas desde el estado, como por otra parte parece que no podría ser de otra manera.

La voy a tratar de aclarar una nueva serie de conceptos económicos básicos. Le agradezco que no me pregunte que significa inversón no obstante. Tener interesés económicos en varios países significa tener acciones, empresas o intereses financieros en tres países diferentes. Los servicios estratégicos son aquellos que afectan a sectores clave de un país como la defensa o las infraestructuras. Los servicios sociales básicos son la entre otros la sanidad, la educación y sus derivados. La calidad del empleo se mide por su temporalidad, por el salario en el marco de los convenios colectivos y por el respeto de los derechos laborales como la remuneración de las horas extra o los días festivos. La competitividad se mide por los precios en el mercado en la relación con otros similares de la competencia. Estos parametros se miden de forma automática.

Citación :

21.-Al margen de otras responsabilidades penales vigentes los órganos directivos de las empresas grandes podrán ser multados hasta con el 25% de la pérdidas de sus empresas por el CESEP en casos de quiebra.

22.-En cualquier caso que el implicado haya cometido delito en la gestión de la empresa, responderá de las responsabilidades económicas de sus actos de forma ilimitada con todo su patrimonio, incluidos fondos de pensiones.

23.-El CESEP podrá también inhabilitar a estos gestores para el ejercicio de sus funciones con penas de hasta 25 años.

Este propuesta propone multas e inhabilitaciones de carácter profesional, pero sin ninguna duda como claramente establece el punto 22 tras una decisión judicial.

Nada más, espero que sus dudas esten relativamente claras, en cualquier caso puede aclarar los conceptos de economía básica en cualquier manual de bachillerato.

Muchas gracias.

Cayo Lara

Quisiese hacer una última intervención, a priori, intentando aclarar una cuestión que desde Izquierda Unida creemos fundamental para asegurar una salida beneficioso para los trabajadores ante una suposición de empresa en quiebra; un intento de convenio institucional por el cual debería poderse asegurar que los trabajadores, de quienes se ha estado sustrayendo el beneficio para las empresas, no quedarán desamparados ante la mala gestión o la pérdida de fondos por parte de una empresa privada. A lo que me refiero es a incluir en la Ley, sino lo está -porqué no acabo de comprobar que lo esté-, una regulación por la cual los beneficios obtenidos por una empresa, cuasi siempre repartidos entre los mayores accionistas o altos cargos de la empresa; es decir, por quienes reunen los mayores beneficios y quines decretan la clausura de una empresa; se encarguen de solucionar el problema que causa el despido de sus empleados.

Por lo tanto, concluyo, con la necesidad de que una parte del dinero que el Estado sustrae de estas empresas por las multas ocasionadas por el cierre de la empresa, sea destinado a pagar a los trabajadores que quedan despedidos (mediante la propia clausura de la empresa o mediante un ERE) al menos por el valor de un año en caso de empleados indefinidos, y un 30% del contrato de aquellos que no tengan contrato indefinido.

Es una medida "parche" para no dejar desamparados a los ciudadanos que ven desestabilizada su vida por culpa de las crisis internas de cualquier empresa.

Muchas gracias, espero que se estudie la medida y, si se acepta, propondremos una enmienda a la Ley en forma de adicción

Norberto Diaz de Noguera

Señor Casado

La verdad que su crítica es un conjunto de tópicos sin ninguna base, con demagogia. Acusa a este gobierno de criminalizar a las grandes empresas, cuando como ya hemos dicho no se culpa a estas de ningún mal, sino que se pretende hacer responsables de las malas acciones a los consejos de administración de estas grandes empresas que hasta ahora solían salir indemnes y los costes de su mala gestión se socializaban.

No es esta una medida para intervenir en cualquier empresa, sino una herramienta para poder sortear las crisis de las grandes empresas.

Es curioso que nos hablen de hipotecas, le anuncio que este gobierno se ha encontrado con una deuda de este ejercicio solamente superior a los 75.000 millones de euros. No señor Casado, no pretendemos hipotecar a nadie, sino evitar una hipoteca imposible de asumir para futuras generaciones.

En cuanto al señor Lara no hemos terminado de entender su intervención, pero en líneas generales nos ha parecido que pretende crear una situación de privilegío del traajador ante una quiebra y consideramos que esto ya existe, pues es este el primero en cobrar de todos los acreedores de la empresa.

Señor Noguera,

Es DN quien empieza a parecerse en cierto sentido a un intelectual que se ha metido un crayon de color azul por la nariz hasta llegar al cerebro, perdiendo 50 puntos de CI.

Se limita usted a echar balones fuera, a asegurar que aquellas definiciones que debería incluir esta ley si pretendiese ser mínimamente útil ya "están claros para la generalidad" y por ello no hace falta incluirlos. Pues bien, todo el mundo sabe qué es un producto semiconductor y no por ello les veo solicitando la derogación del artículo 1 de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, ni todos los miles de artículos de nuestra legislación que incluyen definiciones sobre los aspectos que pretenden regular. Sí, repito, las definiciones que me da son muy bonitas, pero sigue sin incluirlas en el texto. Reconózcanlo: no es que no sea necesario aclarar las cosas en el texto, sino que cuanto más confuso sea este, más sencillo les será hacer lo que les plazca.

Por cierto, permítame un inciso: no existen "leyes contra la violación", y los artículos del Código Penal que la castigan (Título VIII, le recomiendo su lectura) no hacen distinciones entre hombres y mujeres.

Continuando con lo que nos importa, afirma usted que los consejos de las empresas son tan grandes que un único representante no puede alterar su funcionamiento. Entonces, si un sólo representante vale tan poco, ¿porqué parecen ustedes tan reacios a abandonar sus intenciones en ese aspecto? Se lo repito, si sólo pretenden enterarse de cómo van las cosas en la empresa, ¿porqué no tener un representante con voz pero sin voto ya que, como usted dice, un sólo voto no cambiará nada?

Y que sí, que el artículo 22 será aplicable cuando se haya cometido un delito, pero el 23 lo que dice es que quien inhabilitará a los gestores es el CESEP. A ver si entiende la diferencia, que no es lo mismo "fulanito podrá ser condenado a tal pena" que afirmar "este tipo en concreto podrá condenar a fulanito a tal pena". No sé si su cerebro tendrá capacidad suficiente para comprender la diferencia, pero entre tanta gente como hay en su partido malo será que no haya alguien que se lo pueda explicar con marionetas.

Finalizando, veo que no hemos avanzado nada. Entre la incompatibilidad de ideologías en algunos puntos, la desidia de 2 de los 3 partidos mayoritarios y su cabezonería que les impide no sé si ver o simplemente reconocer sus despistes más básicos, este debate es completamente estéril. Será mejor que acabemos ya. Pasen su rodillo aprobando la ley con exactamente el mismo texto que presentaron al inicio del debate, por llamarlo de algún modo, y después fuera de esta cámara griten a los cuatro vientos que están ansiosos por llegar a fructíferos y mayoritarios acuerdos con todas las fuerzas políticas.

Buenos días.

Cayo Lara

Sr Noguera, en absoluto creemos que exista este "privilegio" (usted tal vez lo considera privilegio, vaya forma de hacer ver que los trabajadores se alegran de ser despedidos) y de hecho ante la situación actual nos hemos percatado que no es así, que cuando una empresa quiebra se suspenden totalmente los pagos debido a que ésta se muestra "sin capital ni fondos" como, sobretodo, hemos visto en el sector de la construcción.

Quizás sea cierto que se interponen multas ante esta práctica empresarial, pero para nada se hace realidad donde debería, en los bolsillos de aquellos que más han perdido en el proceso: los ciudadanos que se han quedado sin trabajo.

Respóndame a la pregunta, pues es clave para saber el sentido de nuestro voto; ¿Será necesario el pago de los trabajadores tras la quiebra empresarial mediante la forma que sea?

Gracias,

Norberto Díaz de Noguera

Señor Romero no considero necesario incluir definiciones que pueden encontrarse en cualquier diccionario en el presente texto, pero si su partido lo considera importante le animo a redactar enmiendas en este sentido y nuestro grupo no tiene inconveniente en votar a favor de ellas.

Por lo mismo que la legislación sobre la violación(me va a permitir que le corrija, el código penal es una ley) no diferencia entre hombres y mujeres, sino entre agresores y víctimas esta ley hace lo propio y pretender identificar la misma como un ataque a las grandes empresas es un desvario desmesurado. Le invito a que nos señale que punto de esta ley perjudica a las grande empresas serias y que cumplan su función. No lo encontrará porque esta ley es una propuesta de control a las malas empresas, no de castigo al gran capital en general.

Vuelve al intento de restar importancia al estado como socio en las grandes empresas. Efectivamente, un único representante no cambiará gran cosa en los consejos de administración, pero el hecho de tener voz y voto da un carácter pleno y en igualdad de derechos al representante estatal, mientras que lo contrario dejaría a este consejero en una situación desplazada y con una autoridad reducida al no ser ni siquiera igual que el resto de consejeros. Este gobierno entiende esta propuesta como perjudicial.

El punto 23 no se refiere a sanciones punitivas, sino administrativas. Esto es una sanción, numerosas administraciones entienden sobre sanciones administrativas sin necesidad alguna de sentencia judicial. No obstantes estamos dispuestos a escuchar una propuesta alternativa por parte del PP que no implique la total impunidad de los responsables de estos delitos.

Es curioso el tono agresivo de la parte final de su discurso cuando nos acusa de cometer despistes básicos, lo dice usted señoría que consideraba que las inversiones eran negativas en los balances o que acaba de afirmar que el código penal no es una ley. Cuando menos llamativo, pero no es este foro un patio de colegio para tirarnos cosas a la cara, espero mayor responsabilidad en sus ligeras valoraciones sobre las propuestas de nuestro grupo y que ante aquellas en las que este en desacuerdo se limite a exponer su opinión desde puntos de vista ideológicos o argumentales y abandone la senda del insulto sobre coeficientes intelectuales, de todo punto inoportuna.

Señor Lara quiero tranquilizarle, lo que usted propone ya existe. Las empresas además de su capital y su cash, tienen otra serie de bienes y propiedades a través de cuyas ventas(desde solares a maquinaria) se procede al pago de los acreedores y los primeros en cobrar son los trabajadores, puede tardar más o menos este procedimiento, pero siempre llega.

Iria Ullola

Pasamos a la votación de las enmiendas propuestas por los diferentes GGPP:

Enmienda Nº1 del PP:

Citación :

5. El estado tendrá derecho a un representante en los consejos directivos de esas sociedades siempre y cuando cumpla los mismos requisitos requeridos a esos efectos a todo inversor.

Enmienda Nº2 del PP:

Citación :

10.-Todas las sociedades de la CESEP deberán mantener una contabilidad positiva. Aquellas que en el ejercicio de su actividad resulten deficitarias durante cinco ejercicios consecutivos serán controladas por la CESEP, que tendrá que presentar un plan de salvación.

Enmienda Nº3 del PP:

Citación :

11.-Si este plan no resultase viable y dicha empresa se mantuviese en pérdidas el gobierno podría dar un plazo extraordinario de cinco años antes de cerrarla si no se lograse enderezar la situación.

Enmienda Nº4 del PP:

Citación :

Supresión del inciso "-Tener un balance económico positivo." del artículo 14.

Enmienda Nº5 del PP:

Citación :

Supresión del artículo 15

Enmienda Nº6 del PP:

Citación :

17.- Tras el análisis pertinente, el gobierno informará al congreso del plan adoptado con carácter de urgencia en comisión secreta, que deberá aprobar o rechazar dicho plan así como podrá proponer cambios en el mismo.

Enmienda Nº7 del PP:

Citación :

Supresión del artículo 21

Enmienda Nº8 del PP:

Citación :

Supresión del artículo 22

Enmienda Nº9 del PP:

Citación :

Supresión del artículo 23

Enmienda Nº10 del PP:

Citación :

27.- Antes de realizar una inversión cuyo resultado implique la obtención, tanto por esa compra como por acumulación a otras anteriores, por parte del estado de más del 50% de las acciones de una empresa, esta deberá ser aprobada en comisión parlamentaria.

Enmienda Nº11 de IU:

Citación :

Capítulo VII: De la responsabilidad social del Estado en las empresas intervenidas.

27-En todos aquellos órganos empresariales en los que el Estado esté presente, rechazará siempre con sus votos la realización de expedientes de regulación de empleo.

28-El Estado promoverá de forma activa el empleo fijo frente al empleo temporal en todas las empresas intervenidas.

29-El Estado podrá y deberá hacer controles periódicos en aquellas empresas en las que posea acciones para asegurar que no se da ninguna forma de discriminación.
30-Los consejeros representantes del Estado votarán siempre en contra de cualquier revisión a la baja de los salarios de una plantilla.

Además, les recuerdo que las enmiendas número 10 y 11 entran en contradicción al tratarse de enmiendas paralelas, y que la enmienda Nº11 se vota en su conjunto.

Tienen 48 horas para votar, muchas gracias.

DN vota en CONTRA de TODAS las enmiendas